Tras la entrada en vigor, el pasado 9 de enero de 2026, del registro obligatorio de líneas móviles en México (que obliga a vincular cada teléfono celular con datos personales como CURP e identificación oficial), el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exigir medidas que protejan la información de los usuarios y evitar vulneraciones de datos personales sensibles.
La iniciativa, impulsada por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, plantea la realización de auditorías a los sistemas de registro, la implementación de mayores estándares técnicos de seguridad informática, campañas informativas para la población y que las empresas de telefonía refuercen el cifrado de datos, controles de acceso y los protocolos ante posibles brechas.
Usuarios, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que, en los primeros días tras el inicio del registro obligatorio, plataformas como la de Telcel presentaron vulnerabilidades que permitían acceder a datos como nombre, CURP, RFC y correo electrónico con solo ingresar un número de teléfono, sin autenticación adicional.
Esto generó alertas sobre riesgos de fraude, robo de identidad y extorsión telefónica.
La empresa Telcel reconoció que existió una “vulnerabilidad técnica” en su portal de registro y aseguró que el sistema fue retirado temporalmente para aplicar ajustes de seguridad y que no se ha confirmado una filtración masiva de datos personales.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han pedido incluso la suspensión temporal o revisión del registro obligatorio, hasta que se implementen mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las personas en el padrón de telefonía móvil.
La vinculación de datos personales con los números de teléfono forma parte de una normativa que busca combatir delitos como la extorsión telefónica y otros crímenes facilitados por el anonimato de las líneas móviles, aunque también ha generado inquietud entre defensores de la privacidad y derechos digitales.